(Perú) Cuidado con las propuestas de las Comisiones

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Fermat
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(Perú) Cuidado con las propuestas de las Comisiones

Mensajepor Fermat » 21 Nov 2017 4:54 am

Fausto Salinas Lovón, 20/11/2017
A propósito del Informe de la Comisión de Protección Social y la propuesta de estatizar el manejo de las pensiones

La estrella del derecho previsional
En setiembre de 1997, invitado por dos grandes maestros del derecho laboralperuano (Luis Aparicio Valdez y Mario Pasco Cosmópolis), asistí al XV Congreso Mundial de la Sociedad Internacional del Derecho del Trabajo y la Seguridad Socialen la Universidad de Buenos Aires, Argentina, para participar junto a más de un millar de laboralistas del mundo en un conjunto de debates dentro de los cuales se hallaba el tema de los derechos humanos y la seguridad social.

En aquella ocasión, los sistemas de fondos de pensiones privados creados en Chile, Colombia, Argentina, Perú y otros países latinoamericanos fueron la estrella del debate y varios profesores europeos llegaron a decir que sentían sana envidia por la decisión latinoamericana de haber liberado a sus Estados del gran peso de las jubilaciones y haber trasladado, en gran medida, la responsabilidad de las pensiones a los propios interesados a través de los sistemas de capitalización individual de las AFPs o AFJPs latinoamericanas. Chile, naturalmente, fue el centro de los elogios.

Han pasado casi 20 años desde entonces y es preocupante ver que un sistema imperfecto como este, pero ciertamente mucho mejor, más sano y más justo que el sistema público de reparto, pierde brillo, se desgasta y puede llegar a ser destruido de manera irreversible, volviendo a trasladarse la responsabilidad de las jubilaciones al Estado y, por ende, a los contribuyentes y a las nuevas generaciones.

Los ataques al sistema privado de pensiones
En la Argentina, el insaciable apetito fiscal de la señora Kirchner, secundado por Amado Boudou (entonces jefe de ANSES que es el equivalente porteño de nuestra ONP, luego vicepresidente y ahora famoso seguidor de Piketty detenido por actos de corrupción), desparecieron en noviembre del 2008 el sistema de AFJP y transfirieron cerca de 23,000 millones de Euros al gobierno argentino para salvar su vaciadacaja fiscal. Para disimular este robo, se desacreditó previamente el sistema y con una porción diminuta de estos fondos, se otorgaron créditos a interés preferencial para la adquisición de vehículos, con lo cual una parte de esa misma clase media a quien le robaron sus pensiones aplaudió la medida.

En Bolivia, el autócrata Evo Morales, también se engulló los 3,000 millones de dólares del sistema previsional privado boliviano y dejó sin cuentas de capitalización a más de 1,3 millones de bolivianos. La medida se dio luego de la reforma constituyente que le permite su reelección hasta la fecha y los fondos pasaron a una “Gestora Pública”, que lo mezcló con los recursos públicos que sirven para subsidiar el gas, la gasolina y todo lo que sea necesario para mantener al socialismo en el poder. Un verdadero nadie sabe para quién trabaja.

En Colombia, el sistema privado es sólido y maneja el 2017 un fondo previsional de alrededor de 208 billones de dólares de 14,5 millones de colombianos, sin embargo, no pudo desprenderse de la carga estatal heredada del Instituto de Seguridad Social (ISS) y en lugar de transferir esos recursos a la administración privada mediante cuentas de capitalización, creo en el 2007 Colpensiones, una especie de AFP Estatal que sigue administrando pensiones antiguas y nuevas cotizaciones. Es decir, se creó un híbrido.

En Chile, las bajas pensiones otorgadas por el sistema privado, que apenas se acercaban en promedio a una tasa de reemplazo del 40% del salario activo (la expectativa cuando se dio la Ley en 1980 era del 70% con un promedio de vida de 70 años), obligaron en el año 2008 a crear una reforma para incorporar un pilar solidario mediante el cual se garantizaba desde el Estado una pensión básica mínima. El descontento reciente, hábilmente capitalizado por los sectores sindicales y de izquierda, llevó a la Presidenta Bachelet a crear una Comisión para evaluar alternativas, a partir de las cuales ha presentado un polémico proyecto que vuelve en parte al sistema de reparto y grava a los empleadores en la responsabilidad pensionaria.

En el Perú, el sistema tampoco ha quedado incólume en cerca de 25 años de existencia. Primero se permitió el empleo de los fondos pensionarios para fines de vivienda. Luego la Libre Desafiliación Informada para retornar a la ONP y posteriormente, dos tipos muy audaces, Lescano y Delgado, iniciaron una cruzada contra las AFPs y en lugar de crear más AFPs, para generar más competencia que pudiera bajar las comisiones, mejorar el servicio, mejorar la rentabilidad y, por ende, mejorar las pensiones, lograron todo lo contrario: concederle el monopolio de las nuevas afiliaciones a una nueva AFP. También lograron cambiar el sistema de pago de comisiones de flujo a saldo, pero fue tan decepcionante este logro que los afiliados hicieron colas y colapsaron el sistema digital para comunicar su decisión de no acogerse a la tan mentada reforma. Finalmente, el oportunismo electoral de los candidatos para la elección del 2016 los llevó a respaldar una iniciativa por la cual se permite el retiro del 95.5% del Fondo de Pensiones a los 65 años, con lo cual el ahorro forzoso de años no se destina a la jubilación, sino al gasto corriente y adiós pensión.

La Comisión Bravo
Como hemos adelantado, en Chile, hace más de un año, esta comisión creada a instancia del Gobierno de la señora Bachelet, emitió un informe sobre la problemática de las AFPs, donde destacan, en el diagnóstico, aspectos tan relevantes como los siguientes:
•Que el 50% de los pensionados en ese país no superan una tasa de reemplazo del 34%, pero gran parte de ellos no son afiliados puros al sistema privado, sino provenientes de regímenes pensionarios anteriores a 1980.
•Que el promedio de cotización latinoamericana es del 10%, mientras que el europeo es del 19%.
•Que la rentabilidad promedio del sistema, entre 1980 y 2013 superó el 8% anual, el doble del promedio estimado en los inicios del sistema.

Sin embargo, a la hora de emitir sus recomendaciones, esta Comisión no logró consensos y aterrizo en tres propuestas:

a) Reformar el sistema actual, incrementando las cotizaciones de los empleadores, creando una AFP estatal y ampliando la Pensión Solidaria para mujeres, con reformas en las tablas de jubilación, entre otros aspectos.
b) Crear un sistema de seguro social con aporte tripartito.
c) Volver a un sistema de reparto.

Esta falta de consenso, explica a su vez la hibridez de la propuesta legislativa del gobierno Bachelet, presentada en agosto pasado al Congreso y pendiente de aprobarse hasta la fecha, la misma que contempla tres elementos: 1) La creación de un aporte adicional del 5% a cargo de los empleadores, el cual será destinado en un 3% al fondo individual y 2% al fondo de reparto para las pensiones actuales. 2) La creación de una AFP estatal para el manejo de este Fondo adicional. 3) La modificación del marco regulatorio del sistema de capitalización individual.

La Comisión de Protección Social
En el Perú, el actual gobierno también creó una Comisión de igual propósito cuya recomendación, según se puede ver del informe presentado esta semana, es igual o peor que el emitido en Chile, ya que sugiere transferir al Estado (es decir estatizar), el manejo de las pensiones al establecer que la ONP pase a ser la base de la nueva Centralizadora que administre las cuentas de capitalización individual de los afiliados, las mismas que entregaríanlos fondos a unas Gestoras de Carteras de Inversión (que reemplazarían a las AFPs), para que inviertan los ahorros previsionales de millones de peruanos.

Esta pésima iniciativa, ya advertida por Lampadia en su edición del 02 de noviembre pasado, evidencia una falta de conocimiento mínimo de la realidad estatal, ya que sólo habitantes de Ross 128B (el nuevo planeta descubierto por un científico chileno), podrían ignorar que el Estado Peruano ya se engulló las pensiones de generaciones de peruanos a través de entidades como el Seguro Social, Ipss u Onp y que esta última institución, a quien quieren encargarle el manejo estatal de nuestras jubilaciones, no puede atender oportunamente a los pensionistas 19990 y por ende, mucho menos podría encargarse de administrar los 76,000 millones de soles (23,600 millones de dólares) que significan el Fondo de Pensiones Privado en nuestro país y administrar las 4 millones de cuentas de capitalización individual que componen dicho fondo.

Afirmar, en descargo de este disparate, que se escoge la ONP para administrar las pensiones para sintonizar con la gente porque esta cree que las pensiones son una responsabilidad estatal, como lo ha señalado una integrante de esta Comisión a un medio local, es una evidencia de que se confunde la realidad con la imagen que se quiere mostrar de ella y que se ha abordado todo menos el fondo del problema.

Cuidado con las Comisiones

Por todo ello, creo que hay que tener mucho cuidado con las Comisiones, en todos los sentidos de la palabra.
(NB! El término comisión, en el Perú, aparte de una compensación a un vendedor, se entiende con sorna como corrupción para un funcionario público).

En primer lugar, porque estas Comisiones no abordan el problema de fondo: decirle a la población que es imposible tener una tasa de reemplazo superior al 50% del sueldo activo si se cotiza alrededor del 10% del mismo. Solamente entregando los fondos a CLAE (la escandalosa cascada financiera armada por el señor Manrique en los 90´s que pagaba rentabilidades cuantiosas) se podría hacer que el 10% de mi sueldo, aportado tarde, mal y nunca por menos de 40 años se convierta en el 70% de mi sueldo por 20 años posteriores a mi jubilación. Si no lo cree, agarre lápiz, papel y calculadora y multiplique. Si la Comisión no es capaz de decir esto de frente y como punto de partida, su esfuerzo ha sido vacuo y su recomendación debe ir a donde corresponde.

Eso es lo primero que había que decirle a la gente, porque de lo contrario, no entiende que el problema es matemático y en las matemáticas, a diferencia de la política, no hay justificaciones sino resultados.

Seguir leyendo:
http://www.lampadia.com/opiniones/fausto-salinas-lovon/cuidado-con-las-propuestas-de-las-comisiones/
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Re: (Perú) Cuidado con las propuestas de las Comisiones

Mensajepor Fermat » 22 Nov 2017 6:12 am

Sigue la discusión:

La revolución social
Elmer Cuba, Lima-Perú, 21/11/2017

El gobierno de PPK encargó a un grupo de expertos la elaboración de propuestas para reformar el sistema de pensiones, el sistema público de salud y un posible seguro de desempleo. Es decir, mejorar la protección social contra los riesgos de ingresos en la vejez, los riesgos de salud y los de quedar desempleado.

El Gobierno quiso forzar los plazos para que el presidente pudiese anunciar las reformas en su discurso de julio pasado. Nada de esto ocurrió. Reformas de esa magnitud no se hacen así. Ello toma más tiempo y recursos, se involucra a más interesados (expertos, gremios, políticos, usuarios). Se van abriendo espacios de consenso y disenso. Se discute, se convence. Como era de esperarse por la falta de prolijidad en el diseño del proceso, al final parece que nadie tomará el guante hasta el próximo gobierno.

Como quiera que en el Perú se viene reduciendo la pobreza y aparecen nuevas clases medias (con importantes segmentos todavía vulnerables), estas demandas ciudadanas se harán sentir políticamente en los próximos años. Esto ya ocurrió en Argentina, Chile y Uruguay, países que nos llevan la delantera en el proceso de desarrollo económico.

Es decir, estas son tareas que tarde o temprano tendrán que enfrentar los futuros gobiernos. Las tareas no son sencillas y tenemos la oportunidad de realizarlas con mayor éxito aprendiendo de las mejores prácticas internacionales. Todavía estamos a más de tres años de la siguiente campaña electoral. El Estado debe hacerle la vida más fácil a las personas.

Sobre el informe de la Comisión de Protección Social se viene diciendo que no hay fondos para ello, que sería estatista y que supone un Estado cuya calidad aún no tenemos. Efectivamente es así. Busquemos entonces más ingresos reduciendo la elevada evasión tributaria. Quitemos los componentes estatistas (por ejemplo, el centralizador de pensiones) y, antes de dar más recursos, mejoremos primero la pobrísima gestión de los servicios públicos de salud.

Primero, hay que rescatar el diagnóstico. Ello en sí mismo es valioso. Segundo, ¿alguien esperaba que las reformas no impliquen mayores gastos? Obvio que costarán algunos puntos de presión tributaria. Tercero, no todas las recomendaciones son las mejores, se pueden afinar o cambiar, si se discuten más a profundidad. Me imagino que el apretado tiempo no lo permitió, por errores de diseño en los plazos que se impusieron a la comisión misma.

Sobre el diagnóstico deberíamos los economistas, los interesados en las políticas públicas y la prensa responsable y profesional esforzarnos por su divulgación y discusión en grupos más amplios de la opinión pública y en la clase política.

Tener a cerca del 80% de la población económicamente activa empleada sin ningún tipo de pensiones para la vejez es inadmisible para un país de renta media como el Perú. Tener a millones de personas con servicios de salud que están lejos de estándares de eficiencia de países de ingresos similares es escandaloso. También lo es tener solo a 30% de trabajadores en el sector formal, de los cuales únicamente el 22% mantiene contratos laborales indefinidos y en una economía en la que solo se presentan despidos para el 5,6% de trabajadores, mientras que la mayoría (90%) renuncia o se termina su contrato. Esto es inadmisible en un país que pretende seguir en la carrera del desarrollo económico.

Las reformas tendrán un costo fiscal. Ya tenemos una primera idea de hacia dónde deben apuntar los aumentos en la recaudación, que deberá alcanzar también para educación e infraestructura.

En el caso de la industria de administradoras de pensiones, ya existe AFPnet que aprovecha las eficiencias del centralizador pero mantiene la competencia por la calidad del servicio. Antes de ir por un experimento riesgoso, se puede intentar más competencia bajando el llamado “sesgo del statu quo”. La SBS podría informar regularmente a los aportantes sobre la combinación de comisiones/rentabilidad/servicio y facilitar el cambio de proveedor con solo un clic. Ello podría ayudar mucho más que el actual sistema de subastas, que presenta limitaciones para una mayor competencia. Ya si ello fallase, se podrá pensar en un esquema regulatorio de comisiones, en lugar de la peligrosa centralizadora estatal.

http://www.lampadia.com/opiniones/elmer-cuba/la-revolucion-social/
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